VIVIR SIN JUSTICIA

Afectados por la talidomida graban un programa en el Real Casino de Murcia denunciando su situación.

Texto de Concha Alcántara / Fotografía de Ana Bernal.

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“Cuando nací me escondieron durante tres días debajo de una toalla. Se puede decir que llegué a este mundo pero para mí no se levantó el telón, no hubo celebración por mi nacimiento sino mucha tristeza. Mi familia no quería que nadie me viera porque faltaban partes de mi cuerpo. Se las había comido una pastilla.”

Es el impactante comienzo de una carta escrita por una afectado de la talidomida a Jordi Évole. Tenía la esperanza de que el popular presentador de televisión les dedicara uno de sus programas e hiciera de altavoz de una situación tremenda: que los afectados por la talidomida en España siguen sin justicia. Sin embargo, (aún) no han recibido respuesta. Y por eso se reúnen hoy aquí, en el Salón del Congresillo, una estancia cedida de forma desinteresada por el Real Casino de Murcia para que puedan grabar su propio programa y difundirlo a través de su web y de las redes sociales.resized_IMG_9163

“Queremos contar nuestra historia, que se sepa lo que nos ha pasado. Vamos a seguir buscando justicia”, señala Pepe Riquelme, de Murcia, que preside AVITE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Señala con gesto grave que la sentencia del Tribunal Supremo “fue un mazazo muy grande”, en referencia al juicio en el que sentaron en el banquillo a la farmacéutica Grünenthal. Los afectados recibieron una primera sentencia a su favor en 2013, recurrida por la empresa, que consiguió la revocación del primer fallo. El Tribunal Supremo fue el último en pronunciarse, en septiembre de 2015, dejando sin indemnización a los enfermos por entender que había prescrito el plazo para reclamar daños.

“¿Cómo puede prescribir algo así, que es un delito de lesa humanidad?”, se pregunta Manuel Bioque, 56 años, de Córdoba. Es uno de los cinco afectados de distintos puntos de España que han acudido a la grabación del programa. A pesar de no tener manos ni codos es capaz de jugar al tenis, atarse los cordones o conducir un coche con habilidad. Su pregunta es muy difícil de contestar a tenor de los datos que se manejan en la actualidad: que la farmacéutica Grünenthal vendióresized_JESUS-MARCO un medicamento que tomaron mujeres durante el embarazo y que provocó en los años 50 y 60 la muerte o malformaciones en miles de los niños. Que cuando se descubrió y se retiró el medicamento en Alemania en el año 1962, la farmacéutica lo siguió comercializando en distintos países del mundo, entre ellos España. Que mientras en lugares como Alemania, Francia, Japón, Suiza, Italia o Australia se han celebrado juicios e indemnizado a los afectados, en algunos casos desde hace décadas, en España no existe ningún tribunal ni organismo que haya tomado cartas en el asunto. Ningún gobierno de ningún color político. De hecho, la farmacéutica sigue vendiendo sus medicamentos en nuestro país sin ninguna restricción.

“Cuando nos reunimos con el ministro de Sanidad le dije que llamara al presidente de la farmacéutica y le dijera que no vendía ni una pastilla más en España mientras no indemnizara las víctimas españolas igual que hizo con las alemanas. Nos dijo que él no podía hacer eso. ¿Y quién sino un ministro puede hacer algo?”, argumenta Rafael Basterrechea, madrileño de 51 años. Nacer sin los dos brazos no le ha impedido ser jefe de obra ni exhibir un carácter fuerte y jovial. Junto a él asienten otros dos afectados, Ana Castillo, de 42 años (Madrid), y Mariano Garmendia, de 38 años (Guipúzcoa). Alonso manifestó públicamente no compartir la sentencia del Tribunal Supremo y que su departamento estudiaba llevar a cabo nuevas valoraciones para reconocer a más víctimas de la talidomida en España. Sin embargo, los afectados señalan que el ministro no ha tomado ninguna decisión que se traduzca en una ayuda real. “Todas las administraciones que tenían que haber velado han actuado con dejadez y desidia”, añade.

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Los afectados no van a tirar la toalla y pese al “mazazo” han decido seguir adelante. Argumentan que lo sucedido con la talidomida fue un genocidio, un delito de lesa humanidad, y que por tanto no puede prescribir. Por eso ahora han recurrido ante el Constitucional, su última esperanza en España.

De momento, han recibido mucho apoyo moral por parte de la administración pero ninguno que traduzca en ayudas o medidas contra la farmacéutica. El último reconocimiento fue la medalla en el Día de la Región de Murcia, que recibieron de manos del presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez. A nivel social sí que sienten la solidaridad de la gente y han conseguido más de 200.000 firmas de apoyo en la web www.change.org/talidomida. “Afortunadamente la mayor parte de la gente está sensibilizada con nuestro caso”, dice Riquelme.

A pesar de la gravedad del tema y de las mutilaciones que les provocó la talidomida no son personas tristes ni se les percibe desazón ni amargura. “Yo me considero un privilegiado”, señala Mariano Garmendia. “He tenido una vida normal. No considero que tenga motivos para quejarme”. Son personas que han aprendido a vivir con graves mutilaciones y tienen destrezas que a muchos sorprenderían, pero buscan que se haga justicia aunque sea tarde. “El sentido común debe prevalecer. Somos el único país de Europa en el que estamos en esta situación. Que se haga justicia es necesario y nos beneficia a todos”, subraya Basterrechea.

concha alcantara

@ConchaAlcantara

Ana Bernal-

@anabernalfotos

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