Mi punto de vista, por Pilar García Cano.
En el primer tercio del siglo XX, la introducción de la Escuela Graduada como algo imprescindible en la lucha contra el analfabetismo fue penosa y lenta. En unos casos, por el rechazo de los propios maestros, ya que se introducían materias nuevas como la música, el dibujo, la educación física, talleres y otros servicios complementarios que requerían maestros especialistas y auxiliares y la figura de un director escolar, pero no se contemplaba la coeducación, lo que originaba problemas de organización graves.
También se llevaba un control del aprendizaje con exámenes que permitieran, según los conocimientos, ubicarlos en un curso o en otro, sin resolver qué se hace con los que no aprueban. Los alumnos tienen un expediente escolar, sin legislación alguna.
El Plan de Instrucción del Duque de Rivas de 1836 (mencionado en artículos anteriores) tuvo efectos perversos en la Universidad, separando de la misma a los catedráticos que defendían la libertad de cátedra, entre los que se encontraba Francisco Giner de los Ríos. Crearon en 1876 la “Institución Libre de Enseñanza” como centro educativo privado, orientándose hacia la enseñanza universitaria y después a la educación primaria y secundaria.
La Segunda República Española se proclamó el 1 de abril de 1931 con una tasa de analfabetismo del 40 % de la población, se unió al ideario de la Institución Libre de Enseñanza y declaró la escuela pública, laica y gratuita. Aunque sabemos que se hizo una inversión considerable en las construcciones escolares, no contamos con datos fiables.
Como una de sus importantes reformas destaca la formación de los maestros y maestras, exigiendo el título de bachiller para acceder a las prácticas obligatorias pedagógicas, potenciándose la libertad de cátedra y la participación de las familias.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la educación, la procedencia social de los alumnos en los centros públicos no cambió, ya que las familias ricas siguen sin querer que sus hijos se eduquen con pobres, por lo que siguen escolarizándose en internados y en centros privados. El propósito de la Escuela Graduada “es elevar el nivel obrero, no preparar para el bachillerato” nos dice Sánchez Arbós.
En 1939, tras finalizar la Guerra Civil, se destruyeron los avances republicanos depurando a los maestros que habían destacado en la docencia. Se estableció la escolarización obligatoria de los 6 a los 12 años con un ideario pedagógico basado en el nacionalcatolicismo, separando a los niños de las niñas, creándose la Sección Femenina, debiendo enseñar las maestras las labores propias del hogar. Existía la censura en los libros de texto que tenían que ser fieles a los principios del Movimiento.
Tras la Guerra Civil, durante 12 años, entre 1939 y 1951 apenas se acometieron construcciones escolares. En 1953 se aprobó una Ley sobre construcciones por la que los Ayuntamientos, las Juntas Provinciales y el Estado debían hacer escuelas. Según Lázaro Flores, entre 1951 y 1955 se crearon 5573. Según Joaquín Tena Artigas, Director General de Enseñanza Primaria, había en España 720.000 niños sin escuela, aumentando de forma considerable el índice de analfabetismo.