En 1967 estallaron disturbios en EEUU que se extendieron, como la pólvora, por todo el país, con gravísimas consecuencias sociales y económicas. El entonces presidente Johnson constituyó la Comisión Kerner para investigar las causas que los habían motivado. Esta Comisión llegó a la conclusión de que los afroestadounidenses recibían una educación deficiente, habitaban en viviendas pésimas, y las oportunidades económicas eran pocas, pero lo peor eran los comportamientos racistas de los blancos hacia los negros.
En el año 2017, la fundación Eisenhower convocó a expertos, entre ellos a Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, para evaluar el progreso que se había dado en estos 50 años. El informe destaca que la participación en la política y en el gobierno habían mejorado, culminando con Obama como Presidente, pero que siguen desigualdades preocupantes en educación y empleo (con un sistema público con escasas inversiones y mal considerado socialmente), que han empeorado en sanidad y en ingresos económicos, y a pesar de que las normas sociales han cambiado, el racismo sigue enraizado institucionalmente. El mensaje de Donald Trump ha explotado este racismo y ha atizado las llamas de la intolerancia en una sociedad fragmentada.
En Cataluña la gestión de su sistema público de enseñanza no es un modelo a seguir. Una Administración poco eficaz ha olvidado un principio básico en una sociedad democrática como es la educación para la convivencia, como elemento fundamental de cohesión social
En la España de 1985 se reconoce la educación como servicio público, y la gratuidad de la enseñanza obligatoria para todos los niños del país, estableciéndose que su financiación será con fondos públicos, destinados a este fin por la Administración. En ese momento, la enseñanza pública gozaba de prestigio social. Buenos métodos pedagógicos e inversiones en nuevos centros, con buenas instalaciones y un plan de reparaciones de los antiguos, dinamizaban la vida escolar con alta participación de las familias.
Para hacer posible la gratuidad de la educación a la totalidad de la población y dar respuesta al Concordato con la Santa Sede sobre libertad religiosa, se estableció el régimen de conciertos educativos con la enseñanza privada existente. La Administración pagaba todos los gastos en las mismas condiciones de los centros públicos, y estos pasaban a formar parte de la red pública de centros. Más del 90 % de la población escolar tenía y tiene un puesto escolar pagado con fondos públicos.
Un sistema público de enseñanza de calidad bien gestionado actúa como elemento social compensador, garantizando que el acceso a otros niveles de enseñanza solo esté determinado por el rendimiento, esfuerzo y capacidad del alumno, independientemente de la raza o del contexto social, económico o familiar del que proceda. El clasismo y el racismo no tienen cabida. Igualmente, se debe tener en cuenta en las inversiones que la escuela pública es la que llega a todos los rincones del país y a todos los contextos más desfavorecidos, siendo la única opción para más del 60 % de la población escolar
En Cataluña, treinta años más tarde, la gestión de su sistema público de enseñanza no es un modelo a seguir. Una Administración poco eficaz ha olvidado un principio básico en una sociedad democrática como es la educación para la convivencia, como elemento fundamental de cohesión social. El respeto y el valor de lo diferente como enriquecimiento, la no superioridad de una lengua cooficial sobre otra, la integración de su historia como parte de una historia común, lejos de ser un elemento de unión lo son de confrontación social.
La sociedad catalana está dividida, la mitad víctima de la otra mitad, sintiéndose maltratada mutuamente, con acusaciones de racismo y xenofobia, y líderes políticos incendiarios. Cataluña, en otro tiempo ejemplo de convivencia y de crecimiento económico, está en decadencia.
La línea que separa las manifestaciones de los disturbios es muy débil, y no olvidemos los efectos contagiosos que tienen.
Pilar García Cano