Mi punto de vista. Pilar García Cano

Ya sabemos por el artículo anterior la situación de la Enseñanza Primaria en Murcia. Por la aplicación del Plan de Instrucción del Duque de Rivas del 4 de agosto de 1836, consolidado con la Ley Moyano de 1857 y vigente hasta 1970, el índice de analfabetismo aumentaba gradualmente. España llegó a ser el país de Europa con más iletrados, lo que afectó notablemente a la economía y otros sectores
Esto da lugar a que se genere un movimiento político-social que concibe la educación como un medio para la recuperación económica del país. Pretende equipararse a otros países europeos y ser impulso del desarrollo económico nacional del que estábamos a la cola.
Por Real Decreto de 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y se pone como ministro al ilustre murciano Antonio García Alix, que emprende una serie de reformas. Colocó en la calle Gisbert de Cartagena la piedra inaugural de la primera Escuela Graduada de España.
Las escuelas graduadas rompen la organización tradicional de escuelas unitarias donde conviven todos los alumnos, estableciéndose un sistema gradual donde se imparten los conocimientos adecuados a cada nivel educativo.
En 1903, Antonio García Alix y Juan de la Cierva Peñafiel, entonces ministros de Hacienda y de Instrucción Pública respectivamente, se pusieron de acuerdo con el alcalde de Murcia Andrés Baquero, para construir en esta ciudad las primeras escuelas graduadas. Todas fueron obra del arquitecto murciano Pedro Cerdán, también autor de la fachada del Casino, y que forman parte del Patrimonio Histórico de Murcia.
Las reformas educativas fueron continuadas por el Conde de Romanones como ministro de Educación. Quizás su más trascendente medida fue asegurar los sueldos de los maestros, tratando de evitar la tremenda injusticia con que les trataban los Ayuntamientos. De ahí la frase “pasas más hambre que un maestro de escuela”.
Romanones inicia también una serie de reformas disponiendo directores y maestros especialistas. También dota de medios materiales como la construcción de nuevos edificios y apoya la “graduación escolar” como medida urgentísima para eliminar las Unitarias en las grandes ciudades. Considera fundamental la formación de los maestros, por lo que se reforman las “Escuelas Normales de Magisterio” para que salgan con la formación requerida.
Junto a las Escuelas Normales se crearon escuelas, para que los maestros pudieran hacer prácticas con metodologías adecuadas y se constituyen como órganos de participación los “Consejos Escolares Municipales” en todos los Ayuntamientos.
Por ley, el Ministerio de Educación, con fondos del Estado, tenía que construir escuelas graduadas, dotarlas del mobiliario y pagar los gastos de funcionamiento incluyendo los comedores escolares y los sueldos de los maestros.
Para construir las escuelas, los Ayuntamientos tienen que aportar un solar que cuente con los accesos correspondientes. El Ministerio se queda con lo que se llama legalmente “afectación del uso” y si se deja de cumplir la función educativa lo recupera el Ayuntamiento como propiedad, por lo que corresponde al Ayuntamiento su cuidado y mantenimiento. Algo que aceptaron como una imposición y un lastre para su economía.
