EL COOPERATIVISMO EN LA ENSEÑANZA

MI PUNTO DE VISTA. Por Pilar García Cano.
En los conciertos educativos, el personal docente recibe su sueldo directamente de la Consejería de Educación. Las condiciones laborales, entre las que se encuentran los salarios, se fijan en los convenios reglamentarios. En las cooperativas de enseñanza, por el contrario, los docentes son a la vez empresarios. Con ellos se hace una excepción y se les remite todo el dinero junto, siendo estos los que reparten el salario, garantizando los pagos de préstamos bancarios, si es que existen, o atender otros asuntos que fueran necesarios para su funcionamiento empresarial.

A finales de los 70 del siglo pasado, el cooperativismo en la enseñanza se instaló como elemento de mejora social. Pequeños centros con ocho unidades escolares se asentaron en barrios periféricos y en algunos pueblos de la región. Construcciones modestas que, con mucha ilusión y trabajo, eran buena carta de presentación. En 1985 todos estos centros pasaron a ser concertados, integrándose en la red de oferta pública sin problema alguno.

Todos los centros financiados con fondos públicos tienen la obligación de cumplir idéntica labor social. Localidades como Cieza o las Torres de Cotillas, donde la mitad de alumnos aproximadamente están escolarizados en centros públicos y la otra mitad en concertados, es habitual que la familia de un niño gitano o emigrante, deje su solicitud en cualquier centro sin que exista la tentación de derivarlo a otro.

Como ya expuse en mi artículo anterior, por carencias de vocaciones religiosas, los centros católicos no crecen, por lo que el cooperativismo puede tener su puesto en nuevos conciertos educativos, siempre que sean estrictamente necesarios y respondan a necesidades de escolarización, algo que tienen que justificar, tanto la propia cooperativa, como la Administración. Debemos tener en cuenta que el transporte escolar no es concertable, lo asumen las familias, y que es necesario garantizar la gratuidad del puesto escolar, ya que en caso contrario es la propia Administración la que se autoexcluye, no pudiendo escolarizar de oficio a ningún alumno.


LAS NUEVAS COOPERATIVAS REALIZAN CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE ALUMNOS MUY INTENSAS, PARA ATRAER A LOS QUE ESTÁN ESCOLARIZADOS EN CENTROS PÚBLICOS. LA ADMINISTRACIÓN LO JUSTIFICA EN BASE A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO, Y SE OLVIDA QUE NO APORTAN NADA AL SISTEMA EDUCATIVO QUE NO SE OFREZCA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA


¿Qué pasa cuando no cumplen las necesidades de escolarización? Para construir un centro de cooperativa en la actualidad, como ya no se instalan en barrios periféricos humildes, sino que lo hacen en zonas residenciales con un desarrollo urbanístico especulativo, sus centros son arquitectónicamente muy llamativos, y como han tenido que comprar mucho suelo, y hay que equipar las aulas y las instalaciones, el desembolso inicial es muy alto.

Como los cooperativistas no son ricachones, se meten en préstamos bancarios que tienen que pagar religiosamente del dinero colectivo que reciben y les tiene que quedar un sueldo. Para que sea viable hacen centros de al menos doble línea, 6 unidades de infantil, 12 de primaria, y 8 de secundaria, con una capacidad de unos 700 alumnos, que necesitan al menos 26 cooperativistas.

Como si no hay niños, no cobran, para llenarlos en poco tiempo hacen campañas de captación muy intensas de alumnos que están escolarizados en centros públicos. La Administración lo justifica en base a la libertad de elección de centro, y se olvida de que no aportan nada al sistema educativo que no se ofrezca en la enseñanza pública.

La captación de alumnos es fácil, ya que las construcciones de la red pública no se ha renovado, a pesar de que las transferencias educativas preveían dinero para ello, y si además no se cuida la salud de los escolares en colegios con tejados de amianto, que tienen efectos cancerígenos, que además hay niños en barracones insalubres y no se han resuelto los problemas de climatización, achicharrándose en verano y helándose en invierno, estaremos empleando mal los recursos públicos, hechos que pueden judicializarse y derivar en responsabilidades graves.


Pilar García Cano.

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